La decisión del Consejo del Poder Judicial de concederle un premio al juez por la comisión de una falta grave, dejándole con una multa de 1.500 euros ha sentado como un jarro de agua fría sobre muchos españoles, pero no sobre todos. Sí, he dicho premio, porque la cuantía fijada en concepto de multa tiene más y mejor interpretación como premio que como sanción. Pero para que hubiese de todo hubo –hay- a quién los mil quinientos euros le saben a mucho. Uno de los miembros del Consejo por el grupo de los conservadores, Concepción Espejel, incluso se ha permitido anunciar que va a presentar un recurso por parecerle que no hay lugar a sanción alguna. Déjenme que les diga que, después de este atentado contra el escaso crédito que le quedaba a los jueces, lo de progresista y conservador ya no tiene demasiado sentido. Ahí tienen a Margarita Robles, toda una jurista que llegó a formar parte del gobierno socialista con Felipe González, se ha inclinado por mantener los mil quinientos euros de multa en lugar de la suspensión por tres años que reclamaban para el juez del caso Mari Luz los fiscales y abogados progresistas. ¿Cómo es posible que haga tan desvergonzado papelón una mujer que medró a cuenta de un determinado concepto de la justicia y qué ha vuelto a lugares de relevancia pública gracias a su pasado progresista y democrático? ¿A qué se está jugando? Si yo estuviera en la piel del que sugirió el nombre de esta mujer, dimitiría de inmediato y me iría directamente al retrete. Qué vergüenza.

El gobierno debe buscar un modo de no dejar a los españoles con la sensación de que la justicia es un trapo sucio y asqueroso para el que no existe un detergente apropiado. Verdad es que esta sensación es difícil que nos abandone, sobre todo a los que no hemos observado marcadas diferencias entre la justicia de hoy y la predemocrática. En realidad, para eso es como si el tiempo se hubiera detenido, como si hoy fuese ayer, cuando el General golpista dictaba determinadas sentencias a golpe de teléfono. La justicia huele mal, muy mal, y si este gobierno no es capaz de practicarle un buen lavado, quedará igualmente sucio e impresentable. Después de todo, dejar sucio e impresentable al actual gobierno no sería un mal papel por parte de quienes han llegado al máximo órgano de la justicia precisamente con ese objetivo. No, no constituye un mal trabajo para algunos dejar grabada en los españoles la imagen indeleble de un país devaluado y en plena ruina ética y moral de las instituciones. Y lo peor es que lo están consiguiendo.